La creación de Correos Cargo, una empresa conjunta entre Correos y Ávoris para el transporte de paquetería en avión, está en el centro de una polémica debido a posibles irregularidades en las fórmulas contractuales utilizadas. Según expertos, se utilizó un modelo jurídico especial que suele reservarse para contratos de investigación o innovación.
El proceso de selección de Iberojet como socio ha sido cuestionado por especialistas en derecho debido a que, según la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, todos los contratos públicos deben abrirse a la libre concurrencia, ser publicitados y adjudicarse con transparencia. Sin embargo, en este caso, se optó por esquivar estos asuntos bajo una legislación diferente.
Correos usó un contrato irregular para los vuelos de Iberojet https://t.co/x19wZYZ2Vh
— preferente.com (@preferente) March 23, 2023
Correos argumenta que el negocio de Correos Cargo no está vinculado a la Ley de Contratos del Sector Público ya que se trata de un proyecto de asociación para la generación de un negocio, que se articula a través de un contrato piloto. Pero esta justificación ha sido puesta en duda debido a que los documentos muestran una falta de relación entre la naturaleza del acuerdo mercantil y los servicios relacionados con la investigación. Asimismo, los expertos en derecho consideran que una empresa destinada al transporte de mercancías no puede considerarse una innovación, por lo que se trata de «un contrato de servicios en toda regla», sujeto a las condiciones nacionales sobre contratación pública.
Otro punto que genera dudas sobre la legalidad del acuerdo son las cláusulas. Los documentos exponen que Correos se responsabilizaría del riesgo del plan, comprometiéndose a pagar a Ávoris todos los gastos operativos, en este caso tal y como recoge la ley. Sin embargo, Ávoris tendría derecho a un 20% de los beneficios, algo considerado ilegal según la normativa de Contratos del Sector Público.
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